martes, 19 de abril de 2011

MOCRI-CNPA-MN: NOS DESLINDAMOS DE ENFRENTAMIENTOS PROVOCADOS POR JUAN SABINES EN LA ZONA DEL TAPON DEL GRIJALVA

Rómulo Calzada, Tecpatan, Chiapas a 16 de abril de 2011.


Continúa desestabilización y enfrentamientos provocados por el gobierno de Juan Sabines en la Zona del tapón del Grijalva.



Al pueblo de México.
A los medios de comunicación
A los medios de comunicación alternativos
A los organismos defensores de los Derechos Humanos.
A las organizaciones Democráticas del país.


No siendo suficiente la desgracia en la que se vieron envueltas las comunidades afectadas por las inundaciones posteriores a la desaparición de la comunidad Juan del Grijalva por el desgajamiento provocado de un cerro; hoy las personas continúan soportando las agresiones que el gobierno ejerce sobre las personas desplazadas y afectadas por la desgracia.

Aquí hacemos algunos señalamientos de lo mucho que continua sucediendo bajo la responsabilidad del gobierno de Chiapas encabezado por Juan Sabines Guerrero

Hace unas semanas, producto de la inconformidad que se ha generado por los que hoy habitan la Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del Grijalva, se presentaron estos habitantes a protestar, paralizando las obras de construcción en la zona del taponamiento, las razones conocidas de dicha manifestación es la falta de cumplimiento del gobierno de Chiapas a las promesas hechas a los que habitan esa ciudad rural, así como la inconformidad de las condiciones en que se vive en esas ciudades en casas que se están derrumbando, tienen servicios de pésima calidad y corren nuevos riesgos por los desgajamientos que ahí se han dado. A esta protesta por demás pacífica y justa, se presento un contingente de policías sectoriales con equipo antimotines que de manera insistente preguntaron sobre los organizadores de dicha protesta, hasta que lograron identificar plenamente a 4 o 5 personas. Bajo la promesa de ser llevados a dialogar de ese lugar fueron subidos en patrullas y trasladados ante el ministerio publico con cargos criminales, esposados y bajo el dominio del grupo de policías ya no pudieron hacer nada y el resto de los manifestantes fueron dispersados para que volvieran a la Ciudad Rural Sustentable.

Desde entonces, en el acceso a la ciudad rural sustentable existe un reten de policía del estado que revisa a cada uno de los que viven ahí manteniendo el control de entradas y salidas de los habitantes de la ciudad del milenio financiada por la ONU. Mientras no se sabe mucho sobre los detenidos que al parecer fueron arraigados.

Es despreciable este acontecimiento puesto que uno de los detenidos vivía en la desaparecida comunidad, en ese lugar perdió a toda su familia, después fue obligado a abandonar su comunidad, su propiedad y su vida bajo la promesa de una vida maravillosa; Después fue obligado a vivir en casas de lodo, lejos de su tierra, sin trabajo y bajo nuevos riesgos. Y ahora que exige una solución justa y digna, es privado de la libertad que es lo poco que queda en su vida.

Por otra parte el estado de sitio en que se encuentran los habitantes de la ciudad rural es denigrante de toda dignidad humana, coartando la libertad, obligando a vivir a las familias bajo la vigilancia y el abuso continuo de la policía que controla las vidas como en los penales se controla a los presos o como se hace en los países en guerra para poder encontrar al enemigo.

Lamentamos no conocer los detalles de todos estos acontecimientos pues el hermetismo con el que se manejan las cosas, la presencia policiaca y la amenaza del estado no permite el conocimiento puntual de estos hechos.

En otra situación, en apariencia la comisión federal de Electricidad, ha enviado a supuestos trabajadores de esta paraestatal a una supervisión de las líneas de transmisión, salvo que para esta actividad, se acompañan de policías estatales que entran a las parcelas de manera intimidatoria y después de recorrer las parcelas salen sin que nadie les pueda preguntar sobre lo que hacen puesto que la policía está presente para intimidar a la población.

Regularmente la paraestatal ha venido realizando mantenimiento a las líneas desde hace años y cuando esto sucede viene pagando las afectaciones de las parcelas o propiedades por donde se perjudica. Sin embargo, ahora la policía pasa a jugar un papel fundamental en la intimidación a las personas que se ven afectadas en sus propiedades cuando la empresa realiza trabajos.

Debemos de recordar que fue precisamente el manejo de las aguas en las presas lo que ocasiono las inundaciones en el año 2007 y que hasta el momento la CFE y la CONAGUA no se han hecho responsables por los daños causados a la producción y a las familias afectadas por las inundaciones provocadas. No bastando las deudas que tienen con las comunidades ahora la CFE se hace acompañar por cuerpos policiacos.

Además, también es necesario recordar que en el caso de la detención del C. José Manuel Martínez Hernández “El Chema” de la organización OCEZ RC, fueron unidades y uniformes de la CFE los que utilizo la policía para realizar el operativo de detención.

En los acontecimientos más recientes, pero igual de preocupantes como los anteriores están involucrados los habitantes del campamento de desplazados llamado Santa Ana. Y que no se instalaron en la Ciudad Bajo la promesa de que serian reacomodados en lo que llamo el gobierno del estado Villas rurales. La situación en este campamento es terrible para sus habitantes que viven en un hacinamiento y al mismo tiempo viven una división interna que los ha conformado en dos grupos que ahora entraron en un choque frontal.

Uno de los grupos, está integrado por quienes se dicen todavía militar en la OPEZ ONPP participantes dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional y dirigido en Chiapas por Caralampio Gómez. Pero que presumen de tener comunicación con Alejandro Gamboa, actual presidente del PRD en Chiapas pues esta supuesta relación les da poder y garantía de que les van a resolver en la problemática que se encuentran.

El segundo grupo, se identifica como los anti organización, y es un grupo de personas que mantiene una supuesta oposición a que ninguna organización se meta en la problemática que les ha afectado y han combatido a lo máximo la organización de toda la gente de este campamento pues desde su perspectiva las organizaciones solo les perjudican y que es mejor la relación directa con el gobierno del estado. Este grupo presume de tener comunicación directa con el ex subsecretario de gobierno Nemesio Ponce, quien es el supuesto garante de que se solucionara el problema.

La situación es que estos dos grupos desde finales del mes de marzo han elevado el nivel de confrontación, pasando de las discusiones verbales a las agresiones físicas con palos y piedras, registrándose enfrentamientos que ha dejado lastimados y ensangrentados a más de uno de esos habitantes.

Ante estos sucesos, que se han hecho recurrentes estos días, la policía del estado se ha presentado con alguna patrulla para tomar nota y según enviar el informe sus superiores, argumentado que ellos no pueden intervenir en el problema interno que se está generando, además de que ambos grupos presumen de su invulnerabilidad por los contactos que tienen en el gobierno del estado.

Es condenable toda esta situación que se está presentando en la región de los márgenes de Grijalva pues el silencio es absoluto, debido al control estricto de la zona con la policía, además del silencio cómplice y mezquino de los medios de comunicación en Chiapas.

Pero también queremos deslindar claramente a nuestra organización de la situación que se vive en estas comunidades, particularmente en el campamento Santa Ana, donde al grupo de anti organización ha llegado a usar el nombre de nuestra organización, amenazando a la parte contraria. Y declaramos públicamente que la responsabilidad de los acontecimientos en este lugar es del propio gobierno del estado. Primero: por no atender la enorme necesidad de todas estas familias que viven bajo condiciones inhumanas y; segundo: Congruentes con su perversidad tanto Gamboa como Nemesio apuntalan este par de grupos que desde diferentes oficinas los funcionarios les ofrecen dadivas y corrompen personas para que generen un problema del cual al propio gobierno le conviene no solo porque no resolvería nada a estas familias sino que al mismo tiempo podría acusar nuevamente a MOCRI CNPA MN de lo que ahí suceda y podrá así también, justificar una nueva oleada de persecución con argumentos falsos y con nuevos expedientes fabricados, nuevas órdenes de aprehensión para la dirección de nuestra organización, más detenciones y encarcelamientos injustos.

Responsabilizamos al gobierno de lo que está sucediendo en toda esa región puesto que es evidente que las maniobras de los operadores políticos del Juan Sabines y el seguimiento de una política represiva de confrontación y perversidad es lo que esta permeando y acabando con las pocas esperanzas de atención a las necesidades de quienes fueron víctimas de una agresión disfrazada de desgracia hace ya casi 4 años.

Llamamos a todos los organismos de derechos humanos, a las organizaciones democráticas de este país y del mundo así como a todos los mexicanos consientes y que comparten que se deben de acabar los abusos y las injusticias que se cometen contra los pueblos organizados, a que se manifiesten y conozcan de la problemática que en estas comunidades se vive a diario.


¡¡Por la libertad de nuestros presos políticos!!

¡¡Por el derecho de los pueblos a Organizarse!!

¡¡ Contra la criminalización de la lucha social!!

¡¡ Por el respeto a los derechos humanos y de sus defensores!!





ATENTAMENTE


MOCRI – CNPA MN.



domingo, 10 de abril de 2011

EL TAPON DEL GRIJALVA

Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.


Aurelio Morales Posselt*

En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008).

Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río).

La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:

* Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural. Contrasta con los avalúos del Catastro Chiapas, donde se especifican, oficialmente, materiales de construcción mejores que los que, a la vista, fueron utilizados: tubería de metal –en realidad, son de plástico– y tejas de metal –en realidad, son de material reciclado–, y varios más. Esto supone un fraude millonario. Además, no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, pues éstos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto respecto de las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesario para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes, al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos, no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, es decir no hay flujo de capital. Todo ello conlleva a la desintegración, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.

* Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tiene que mudarse con familiares y amigos, emigrando, a veces, de sus comunidades, unos pocos se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación para provocar que se muden a la Ciudad Rural.

* Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento, los afectados se han organizado y tomado acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido el encarcelamiento, la fabricación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones, la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades.

* Abandono. Más de 300 familias viven hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 por 3 metros; fueron originalmente construidas como refugio temporal en la Villa Rural. Sus habitantes aún esperan la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones.

Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial.

*Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

sábado, 9 de abril de 2011

COMUNICADO DE INCUMPLIMIENTO DE LEY EN EL CASO DE FRANCISCO JIMENEZ PABLO


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de Abril de 2011.
A los pueblos que luchan por su libertad
A las organizaciones sociales, democráticas e independientes
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
A los medios alternativos
A la opinión pública

Por este conducto, nuestra organización hace la presente DENUNCIA en relación a lo siguiente:

El JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, con sede en Tuxtla Gutiérrez, NO ha cumplido con su obligación de aplicar la LEY MÁS FAVORABLE en el procedimiento penal instaurado en contra de FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO, por el delito de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Lo anterior en razón de que el día 30 de noviembre de 2010 se derogó del Código Penal Federal dicho delito y, si bien es cierto, en su lugar se creó una Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor el día 28 de febrero de 2011, dicha legislación YA NO CONTEMPLA la hipótesis por la cual se está procesando a FRANCISCO JIMÉNEZ, esto es, que la privación de la libertad sea cometida en contra de “autoridades”.

Cabe decir, a manera de comparación, que la MODALIDAD del delito de “privación de la libertad” por la cual se instauró el procedimiento penal en contra de FRANCISCO JIMÉNEZ, es la misma que en el Código Penal para el Estado de México se conoce como “secuestro equiparado” y que se ha utilizado, como en el caso “San Salvador Atenco” para estigmatizar a los luchadores sociales. Así mismo, se ha utilizado en el Estado de Tabasco para criminalizar las acciones de protesta que han llevado a cabo activistas  que han protestado en contra de las altas tarifas del servicio de luz eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La conducta del JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS consistente en NO aplicar la LEY MÁS FAVORABLE para el caso de FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO, puede dar lugar, conforme al Código Penal Federal, a un delito cometido por servidores públicos en contra de la administración de justicia; ya que con dicha omisión está retardando o entorpeciendo maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. 

Por lo anterior, el JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS  debe sobreseer de oficio el procedimiento penal por privación de la libertad instaurado en contra de FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO y, por consiguiente, dictar su INMEDIATA LIBERTAD.  

Exigimos que el JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS  cumpla cabalmente su obligación de impartir la justicia de manera imparcial liberando al compañero FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO inmediatamente, pues no hay razón alguna para que siga encarcelado, de lo contrario seguirá demostrando que es un instrumento más al servicio del gobernador de Chiapas, el cual se ha caracterizado por el uso faccioso del poder.

NOTA: Anexamos análisis jurídico sobre la procedencia del sobreseimiento del proceso penal instaurado en contra de Francisco Jiménez Pablo, por el delito de privación de la libertad.

Atentamente

MOCRI – CNPA MN

¡Presos políticos, libertad!
¡No al uso faccioso del poder por parte del gobierno chiapaneco!
¡Libertad a los presos políticos integrantes de la Otra Campaña!

jueves, 7 de abril de 2011

CNPA MN: MARCHA POR LA LIBERTAD DE NUESTROS PRESOS POLITICO

jueves, 07 de abril de 2011


México DF,  Abril de 2011
Al pueblo de México.
A  los medios de comunicación
A los medios de comunicación alternativos
A los organismos defensores de los Derechos Humanos.
A las organizaciones Democráticas del país.
 
"Luchar es un derecho, reprimir es un delito."
"Zapata vive, la lucha sigue"
 
92 años se cumplen este 10 de abril, de asesinato del general Emiliano Zapata y el espíritu de su lucha continua viva hoy como en los días en que brindo su vida por los derechos de los campesinos  de este país. Campesinos como los de hoy que no gozan de un derecho que les permita vivir y morir con dignidad humana, sin la esperanza de un futuro y con un presente tormentoso.
 
Nuestra coordinadora, refrenda el compromiso con los campesinos que en este país enfrentan todos los días políticas que desgastan la economía y limita los derechos más elementales a los que tenemos derecho. Por una parte las políticas del mercado internacional que han sometido a nuestro país no  han demostrado ser la solución  anunciada por el neoliberalismo desde hace más de 20 años y por otra la tendencia del gobierno a criminalizar todo esfuerzo de nuestros pueblos en organizarse, todo esfuerzo de lucha y de resistencia a ser despojados de las riquezas que con sangre derramada en esta tierra  defendieron mexicanos de valor.
 
Lamentamos que hoy la lucha de hombres y mujeres por el desarrollo económico, social y de defensa de los derechos humanos se vea continuamente agredido y más aún considerado como un proceso criminal que daña a nuestra sociedad.
 
Por lo anterior, CONDENAMOS  la muerte y desaparición de luchadores sociales, tanto como la persecución y el encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país. Asimismo, EXIGIMOS:
 
  1. Alto a la persecución política desatada en el país contra las organizaciones sociales y el hostigamiento hacia dirigentes y militantes tal como sucede en Chiapas por el gobierno que encabeza JUAN SABINES GUERRERO.
  2. La libertad inmediata del compañero Francisco Jiménez Pablo, integrante de la comisión ejecutiva de la CNPA MN, así como consejero del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP). El cual fue detenido el 07 de abril del 2010, cuando se desarrollaba una reunión entre la comisión política del CONORP con funcionarios de la Secretaria de Gobernación, entre ellos, el Lic. Emeterio Carlon, coordinador de asesores del subsecretario.
  3. La libertad inmediata  del compañero Eric Bautista Gómez rehén del gobierno de Chiapas desde el 7 de abril de 2009, cuando con lujo de violencia fue detenido por agentes estatales y federales en nuestras oficinas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
  4. De igual manera exigimos sean liberados nuestros compañeros de MOCRI - CNPA MN encarcelados por el gobierno de Chiapas el 4 de julio de 2010 y demás presos políticos de la organización detenidos en diversas cárceles del estado de Chiapas.
 
 
¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡Libertad a los presos políticos del país!
¡Libertad a los presos políticos de MOCRI CNPA MN!
¡Alto a la criminalización de la protesta y lucha social!
 
COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA, MOVIMIENTO NACIONAL

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martes, 5 de abril de 2011

CONVOCATORIA A MARCHA NACIONAL CNPA-MN

El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas convoca a:

Todas las organizaciones sindicales, campesinas y ciudadanas, a las mujeres y en especial a los estudiantes y desempleados, a participar en la Jornada Nacional de Lucha que realizaremos el próximo jueves 7 de Abril

Considerando:

1.    Recientemente, el Partido Revolucionario Institucional presentó su Iniciativa de Reforma Laboral, inspirada por la STPS y los abogados patronales que, de ser aprobada, implicaría un grave retroceso en los derechos fundamentales de los actuales  trabajadores, así como de los jóvenes que aspiran a incorporase a futuro en el mercado de trabajo.  
2.    Esta propuesta del PRI introduce criterios de flexibilidad forzosa como la  legalización del outsourcing (contratación vía terceros),  la ampliación de los periodos de prueba y el otorgamiento de todo tipo de facilidades para despedir al personal con los menores costos posibles para los patrones. Con ello se reduce drásticamente la estabilidad en el empleo y se fomenta la rotación de los trabajadores sin adquirir derechos, en total desprotección en cuanto a condiciones de trabajo, enfermedades profesionales, derechos de ascenso y salarios.
3.    Este proyecto no contiene avances en temas cruciales como la democracia y libertad sindical, la equidad de género, la transparencia o la rendición de cuentas, por lo contrario incluye disposiciones que socavan la bilateralidad, que impiden a los sindicatos gremiales la afiliación de otros trabajadores de su sector y que dificultan, aún más, los procesos para demandar la titularidad de un contrato colectivo o ejercer el derecho de huelga. Se trata, en síntesis, de una iniciativa regresiva que expresa claramente la política empresarial del actual gobierno que, no está de más recordarlo, ha generado numerosos conflictos laborales sin solución.  Tal como ocurre con los mineros, los electricistas del SME y los trabajadores de Mexicana de Aviación.
4.    Otro ámbito que acredita la nula sensibilidad gobierno federal es el del sector agropecuario. México se enfrenta a una grave emergencia alimentaria, que se ha gestado desde hace varios años. Entre las causas internas de esta crisis están los cambios climáticos de los 2 últimos años que afectaron a un millón de hectáreas de cultivo, siendo las entidades con mayores daños  Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
5.    El incremento de los precios internacionales de los alimentos ha contribuido a  la recrudecer la crisis agroalimentaria, según la FAO y el Banco Mundial; la cotización internacional promedio de los alimentos aumentó durante el último año un 32%, y se espera que las alzas continúen en los próximos meses.
6.    La Politica agropecuaria del gobierno federal ha profundizado la dependencia alimentaria. El 42 % de los alimentos que consumimos provienen del extranjero. A pesar de lo anterior, el gobierno federal, ha bloqueado reiteradamente aquellas iniciativas para revertir dicha condición como el fomento al desarrollo agropecuario o la elevación a rango constitucional del derecho a la alimentación de todos los mexicanos.
7.    Esta circunstancia retroalimentará otros problemas que arrastra nuestro país como la violencia derivada de la errática estrategia de combate al crimen organizado, con su secuela de militarización del territorio nacional, criminalización de la protesta social, persecución encarcelamiento y asesinato de líderes sociales en Chiapas. Morelos y otras muchas entidades federativas; así como el incremento de las  violaciones a los derechos humanos de la población.
8.    El gobierno federal no ha detenido el proceso de precarización que afecta a la mayoría de los mexicanos. En vez de ello, asumió decisiones obtusas y posiciones sumisas que lo llevaron a sostener la misma política económica vigente desde hace 30 años y a iniciar una guerra insensata y a todas luces contraproducente con el crimen organizado. El saldo, ya lo conocemos: se han vulnerado nuestros derechos individuales y colectivos y se ha hipotecado el futuro de nuestros hijos, cuya aspiración a contar con una vida digna, es ahora la razón que justifica la lucha de nuestro movimiento.
9.    El Poder Legislativo no puede ni debe seguir las pautas de este gobierno;  exigimos que haga valer su independencia y su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo. Lo que debe reflejarse en decisiones trascendentales como las iniciativas que reactiven el desarrollo agropecuario o que fortalezcan los derechos cívicos y sociales de los mexicanos. Consideramos inadmisible que el Congreso avale por razones político-electorales una propuesta de contrarreforma laboral, como la que promueven ciertos legisladores del PRI y del PAN, portavoces de la Secretaría del Trabajo y de los empresarios.
Ante la inminente polarización política vinculada con los comicios en puerta, nuestro Movimiento sostiene que aún es tiempo para cambiar radicalmente de rumbo por medio de la edificación de un nuevo régimen económico, político y social.
Para ello hemos planteado 5 grandes vertientes de transformaciones que resumen las principales propuestas que, desde la sociedad, se han generado para efecto de conformar una verdadera democracia participativa y un nuevo modelo de desarrollo. Entre otros elementos esenciales, estos proyectos contemplan la democratización del mundo del trabajo, la indispensable reactivación del campo y el cabal respeto de los derechos humanos.
Para lograr estos fines nos hemos propuesto la articulación de un amplio frente social, a partir de la confluencia con otros referentes y movimientos sindicales, campesinos y ciudadanos.
Paralelamente desarrollaremos un vasto plan de acción con base en la ampliación de nuestras alianzas para frenar la aprobación de la reforma laboral regresiva y avanzar en el impulso de nuestros proyectos. La primera acción será la movilización nacional del 7 de Abril que incluye la gran marcha que se realizará del Monumento a la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México y las acciones simultáneas de protesta en las principales ciudades del país.
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¡Rechazo a la contrarreforma laboral del PRI y del PAN!
¡Solución a los conflictos laborales del SME, Mineros y los trabajadores de Mexicana de Aviación! ¡Solución inmediata a las huelgas del STAUS y del SINCOP!
¡Por la reactivación del campo y el derecho a la alimentación de todos los mexicanos!
¡Por el establecimiento de programas permanentes para la producción de alimentos básicos!
¡Freno a los altos cobros por el servicio eléctrico! ¡Apoyo a las demandas individuales!
¡Presos políticos libertad. Excarcelación de los compañeros Francisco Jiménez Pablo  y  de los 53 presos políticos de MOCRI-CNPA-MN, Miguel Márquez Ríos del SME  y los Mineros!
¡Presentación con vida del Prof. Carlos René Román Salazar, Secc. 22-Oaxaca CNTE!
¡No más sangre!
¡Respeto a la vida de los defensores de Derechos Humanos!
¡Exigimos un cambio de fondo en la política de combate al crimen organizado con el regreso del  Ejército y la Marina a sus cuarteles!

México D. F. Marzo del 2011

Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas